Como es evidente, las personas que se encuentran con arresto domiciliario se ven impedidas de acceder a los servicios que brindan los Centros de Acceso a la Justicia, como así también a los servicios que prestan otros organismos del Estado con los que la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia articula en forma habitual.

La creación de un dispositivo de atención a mujeres con arresto domiciliario nace desde la necesidad de contar con una acción territorial que permita generar una política pública de cercanía para relevar las demandas de la ciudadanía sin esperar que éstas lleguen, y así evitar la obstaculización del derecho al acceso a la justicia. A la vez, esta iniciativa echa luz sobre problemas que existen en materia de acceso a justicia y a derechos que tienen miles y miles de mujeres pobres en el país, de las cuales no se habla y quienes tampoco son destinatarias de una política pública específica.

Los efectos del aislamiento por el arresto domiciliario en esta población, mujeres invisibilizadas por completo, provocan serias consecuencias, dado que muchas veces ese arresto avanza sobre los derechos de hijas e hijos en edad escolar, por citar una de las problemáticas registradas.

Desde noviembre de 2020, la mayor demanda de mujeres con arresto domiciliario se encuentra en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, en zona sur (Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Ezeiza) y en Moreno principalmente, si bien también se realizaron asesoramientos en Catamarca o en Misiones.

Durante agosto de 2022, un equipo del CAJ de San Martín —Silvia Marinelli (abogada) y Jimena Fattorini (trabajadora social)— visitó 5 domicilios de mujeres en la zona de José León Suarez con arresto domiciliario por primera vez. Allí se realizó un relevamiento sobre la situación de cada mujer y sobre las distintas problemáticas a trabajar, como cuestiones de documentación, ANSES, permisos para salidas, entre otras. El asesoramiento se realizó en conjunto con Concepcion Palumbo, trabajadora social del Patronato de Liberados de San Martín y el coordinador de Anses de San Martín, Facundo Grosso.

A través de estas acciones, la DNPFAJ revalida su convicción y el compromiso asumido con la problemática de las personas detenidas, las liberadas y sus familias, lo cual implica una clara determinación de ampliación de la mirada sobre el acceso a la justicia y sobre la tarea para garantizar derechos a aquellos y aquellas que más lo necesitan.