Argentina suscribió recientemente al Cuarto Plan para la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés: Open Government Partnership) e incluyó, por primera vez, compromisos de acceso a la justicia. De hecho, es la primera vez que un país miembro de OGP realiza compromisos en esta materia.

La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) es una iniciativa en la que participan actualmente 79 países y organizaciones de la sociedad civil (internacionales y de cada país participante).

La OGP exige la realización de compromisos concretos de gobiernos nacionales y subnacionales para promover el gobierno abierto, dar más poder a la ciudadanía, luchar contra la corrupción y utilizar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza y la participación. De acuerdo con su espíritu de colaboración multisectorial, la OGP es supervisada por un comité de dirección que incluye representantes de gobiernos y ONG.

El Cuarto Plan para la Alianza para el Gobierno Abierto de Argentina es resultado de una cocreación entre más de 70 organizaciones de la sociedad civil, 300 ciudadanos/as y 18 instituciones y áreas del Estado, y está conformada por 15 compromisos que buscan implementar políticas transformadoras que brinden soluciones a problemáticas concretas.

El plan elaborado para acceso a la justicia comprende la apertura de datos (no sensibles), la ampliación y fortalecimiento del Centro de Acceso a Justicia virtual –recientemente inaugurado–, la realización de una tercera encuesta de Necesidades Jurídicas Insatisfechas, la apertura del espacio de los CAJ para la realización de encuentros con la sociedad civil, y la conformación de una Mesa de Acceso a Justicia entre autoridades públicas y organizaciones de la sociedad civil.