El martes 21 de junio, la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia a cargo de Gabriela Carpineti presentó un paquete de proyectos de ley en la Cámara de Diputados de la Nación para facilitar el acceso a la "cuota alimentaria" de niños, niñas y adolescentes.

El primer proyecto aborda la necesidad de establecer el Patrocinio Jurídico Gratuito y Universal como un derecho para quienes no estén en condiciones de afrontar económicamente un litigio. No se circunscribe exclusivamente a las demandas por alimentos, sino que abarca un universo mayor de derechos fundamentales cuya cobertura se debilita ante la imposibilidad de litigio, aún cuando se intente la gestión de la conflictividad de modo anticipado o se recomiende la mediación.

En segundo lugar, se plantean una serie de modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, para que los Tribunales agilicen sus procesos y remuevan obstáculos en el acceso a la justicia: un esquema sumarísimo, modificaciones al sistema de notificaciones, fijación de alimentos provisorios en la primera audiencia, certificaciones de acuerdos prejudiciales, entre otras.

Por último, se promueve la creación del Fondo de Asistencia de Cuota Alimentaria, adhiriendo a proyectos previos presentados en ese sentido, cuyo financiamiento se provee a partir del pago de impuesto a las ganancias de los integrantes del Poder Judicial. Este Fondo cubriría el aporte de obligación alimentaria de forma provisoria, mientras se resuelve en los tribunales la demanda judicial.

“Antes pasaba que era un problema de la madre, de la jefa de hogar, aislado, individual, y no era dimensionado como un problema estructural, con una dinámica casi de conflicto social, como el acceso a la vivienda, el acceso a la tierra, el acceso al trabajo con derechos, el acceso al agua. El problema del incumplimiento de la cuota alimentaria tiene esa dimensión en un sistema de exclusión capitalista en su fase liberal, hay que ponerlo en ese lugar, por eso la política se tiene que involucrar y construir la cultura del cumplimiento de la obligación y para eso entendemos que hay algunas reformas y propuestas legislativas para hacer”, aseguró Gabriela Carpineti.

Y agregó: “Es necesario que, gobierne quien gobierne, asuma la tarea de trabajar estos proyectos de ley, sabiendo que hay que construir un compromiso político, cultural, legislativo y judicial para lograr que la obligación alimentaria sea algo tan obvio que nadie se atreva nunca más a decirle a una madre o a una jefa de hogar que se vaya a buscar la cuota alimentaria a otro lado o que vaya a resolverlo a la justicia, lo tenemos que poder resolver antes de llegar al laberinto judicial”.

De la presentación de los proyectos participaron, además de la Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia; la Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Diaz; los Diputados Nacionales Natalia Zaracho y **Daniel Arroyo; la Secretaria de Gestión de Transporte, Jimena López; la Subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires Lucía Portos; la asesora del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la PBA , Sabrina Cartabia; la integrante del Colectivo Ni Una Menos, Luci Cavallero; la Directora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas, Victoria Freire y referentas de organizaciones como la Red Federal de Familias Monomarentales.

El aporte a la visibilización de la problemática y los datos aportados por el informe “Incumplimiento de la obligación alimentaria en la provincia de Buenos Aires: un problema estructural que profundiza las desigualdades de género”, elaborado por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires en 2022, dieron cuenta de la necesidad de una intervención desde los distintos niveles del Estado en el tema y la búsqueda de soluciones estructurales a una demanda que, lejos de ser la suma de casos individuales, se ha convertido en un drama social.

En ese sentido, Estela Diaz afirmó que la cuestión de la cuota alimentaria “es una problemática absolutamente extendida” y que se vincula a otras como las violencias, la falta de autonomía, la sobrecarga de tareas de cuidados y el sobreendeudamiento. “Estas propuestas están acompañadas por iniciativas vinculadas al cambio cultural, ser padres está profundamente vinculado a hacerse cargo del cuidado en todos los términos, no solo en lo económico sino en los tiempos de cuidado, en la afectividad, en la emotividad y esto es una cuestión fundamental”. Además, subrayó: “Hay que profundizar este proceso de transformación que se está haciendo sobre el desarrollo de nuestras infancias, con justicia social, con derechos plenos”.

A su turno el diputado Daniel Arroyo resaltó la importancia de “establecer criterios de responsabilidad y de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes” y calificó como “un avance claro” la existencia de legislación que incentive esa responsabilidad y ese acompañamiento. “Para que algo se sostenga en el tiempo es esencial una ley. Marca un piso de discusión y establece un conjunto de derechos”, indicó.

La diputada nacional Natalia Zaracho, por su parte, reivindicó que lleguen al debate parlamentario proyectos que “golpean a las compañeras de los barrios”. Afirmó: “No importa la condición económica en la que estás, es tu obligación pagar la cuota alimentaria, dedicarle tiempo y cuidado a tus hijos. Todas las iniciativas, que tengan que ver con transformar, con garantizar derechos las tenemos que tratar, sobre todo si es para cambiarle la vida a las más pobres. Para que esa realidad de una vez por todas cambie. Esta es una agenda que necesitamos, de un feminismo popular que busca discutir sobre cómo viven las compañeras más vulneradas”.

Luci Cavallero, referente de Ni Una Menos y una de las autoras del informe citado anteriormente, indicó que el incumplimiento de la obligación alimentaria “es una problemática profundamente popular, extendida en todas las clases sociales, en todas las formas laborales”. Además, remarcó: “Es importante entender la integralidad de la problemática, y en particular cómo se relaciona con los procesos de sobreendeudamiento. Hoy estar en un hogar monomarental implica estar sobreendeudada. La maternidad no debe estar penalizada con la pobreza”.

La funcionaria del Ministerio de Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Lucía Portos, celebró “la idea de generar una agenda que discuta la realidad económica construida por el patriarcado que afecta la vida cotidiana de las mujeres y las infancias”. “Los proyectos de ley que se presentan hoy tienen la misión de decir estamos acá y tienen que respetar nuestros derechos”, afirmó.

A su turno, Jimena López, Secretaria de Gestión de Transporte, enfatizó: "Celebro la formación de una agenda feminista popular. Cuando decimos que lo personal es político, lo político se materializa en esa deuda que hay sobre nuestros hijos hijas e hijes. Cuando alguien avala que exista un incumplimiento de cuota alimentaria, no está simplemente avalando el patriarcado, está avalando una forma de ejercer la paternidad: somos padres cuando queremos."

Por último, desde la Red Federal de Familias Monomarentales, Karina Herrera, sostuvo: “La violencia económica de género a través de la cuota alimentaria es un problema invisible y profundamente arraigado en nuestra sociedad. Nos convoca la urgencia de poner fin a la violencia económica que afecta principalmente a niñas, niños y adolescentes”.