En un acto que tuvo lugar ayer por la tarde, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, junto con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Zárate, descubrieron el cartel de señalización de la “Mansión Güerchi” como sitio de memoria del terrorismo de Estado.

Según testimonios obrantes en el Archivo Nacional de la Memoria y en causas judiciales con sentencia, en ese inmueble estuvieron secuestradas y fueron sometidas a torturas personas perseguidas por su militancia política, social y sindical, entre ellas una adolescente embarazada. Las víctimas eran luego llevadas a otros centros de detención ilegal, como el Arsenal de Artillería de Marina de Zárate, el “Pozo de Banfield” y unidades penales provinciales o federales. Hasta el día de hoy, algunas de ellas aún permanecen desaparecidas.

Del acto de señalización participaron la directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria de la Secretaría, Lorena Battistiol; la directora provincial de Programas para el Desarrollo Socio- Comunitario en Derechos Humanos, Marina Vega; la directora de Derechos Humanos del Municipio de Zárate, Lidia Biscarte; y las diputadas provinciales Agustina Propato y Micaela Moran.

También estuvieron presentes Eva Orifici y Alberto Marciano, sobrevivientes de la “Mansión Güerchi”, acompañados por integrantes de la Asociación Memoria, Verdad y Justicia de Zárate, la filial local de H.I.J.OS., referentes de organismos de derechos humanos locales y público en general.

“Existen más de 815 Sitios de Memoria en el país y llevamos señalizados unos 300. Todavía nos falta mucho camino por andar, nos faltan muchos rincones de la Argentina, pero tenemos el compromiso de continuar con estos actos que son sobre todo una reparación simbólica para las víctimas y sus familias”, señaló Battistiol durante la ceremonia.

La señalización de los ex centros clandestinos de detención y de otros lugares donde sucedieron hechos emblemáticos durante el terrorismo de Estado, a través de la Ley Nacional N° 26.691 y la Ley Provincial N° 13.584, los hace visibles y expresa en el espacio público el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar los delitos allí cometidos, acompaña el juzgamiento de sus responsables y efectiviza el reconocimiento hacia las víctimas y sus familiares.

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